La residencia cerrada en Madrid arrastra problemas económicos desde hace una década

La residencia Arzobispo Morcillo, clausurada este miércoles en Soto del Real (Madrid) por sus “deplorables” condiciones higiénicas y alimentarias, arrastra problemas económicos desde hace una década. Dejó de presentar sus cuentas en el Registro Mercantil en 2011 y desde entonces se ha enfrentado a cuatro procesos por impagos.

El establecimiento, que acogía a 70 ancianos, ha sido cerrado por un año por la Comunidad de Madrid y deberá pagar una multa de 127.000 euros. La Fiscalía considera pedir penas por delitos contra la salud pública y la integridad de las personas. Los inspectores se encontraron en varias visitas recientes una patente falta del personal exigido por ley. Diez ancianos seguían en la residencia en la tarde de este jueves esperando a que sus familiares o la Comunidad de Madrid se hicieran cargo de ellos.

Los problemas económicos del centro podrían ser la causa del pésimo estado de los internos y las instalaciones observado por los inspectores. La empresa ahorraba costes al no tener el número de cuidadores exigidos por la ley. Los inspectores de la Fiscalía se encontraron el lunes con que decenas de ancianos se encontraban en una sala, solo vigilados por dos cuidadores.

Sin embargo, las inspecciones de la Comunidad de Madrid en los últimos años no habían hallado infracciones. Desde 2016, la Comunidad ha realizado diez inspecciones en la residencia pero solo fue sancionada en febrero de 2019, según una portavoz de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. La sanción por 24.204 euros se impuso por deficiencias en el mantenimiento y limpieza (lencería de cama, mobiliario), menús sin supervisar por el personal cualificado y expedientes personales y registros y libros de incidencias sin cumplimentar o sin actualizar. 

Esta sanción era desconocida por los familiares, que ignoran información relevante sobre las residencias en la Comunidad de Madrid. Las infracciones no son publicadas porque el gobierno regional entiende que debe prevalecer el “buen nombre comercial” de la empresa. Así se lo dijo a este periódico en una respuesta en junio a una solicitud de las sanciones a residencias en los últimos cinco años, hecha por la vía de la Ley de Transparencia. EL PAÍS ha recurrido esa decisión a través del Consejo de Transparencia.

El Defensor del Pueblo anunció este jueves que ha hecho esa misma petición a la Comunidad. En su escrito recuerda la especial vulnerabilidad del colectivo de personas mayores y resalta la importancia del control de las residencias geriátricas.

Subasta de bienes

La residencia de Soto del Real, una sociedad anónima fundada en el 2000 por la familia Peñas Briones, nunca se ha declarado en concurso de acreedores a pesar de sus deudas. Una declaración de este tipo habría supuesto probablemente su cierre, según expertos fiscales consultados por este diario. Por ello los responsables de la residencia optaron durante años por resolver sus deudas de forma individual.

En 2014 fueron subastados bienes por valor de 442.500 euros para pagar un crédito del banco Deutsche Bank. En 2016 y 2017 se sucedieron dos procedimientos judiciales para pagar a trabajadores y una reclamación administrativa de la Seguridad Social que supuso otra subasta, por 5.500 euros. Los hermanos Peñas Briones no quisieron hacer declaraciones a este periódico.

Las ejecuciones para cobro de deudas y el hecho de que no presentara cuentas durante tantos años son síntomas de una grave situación patrimonial, según José María Molinero, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda. La empresa ya tenía problemas de liquidez en 2009 y 2010, según su último ejercicio publicado en el Registro. “Parece que en su huida hacia adelante buscaban posponer la muerte de la empresa”, valora este experto.

Los diez ancianos que este jueves por la tarde aún no habían sido reubicados se encontraban con situaciones distintas. Algunos, según los propios familiares, estaban a la espera del Summa para ser evaluados. Otros ancianos están a la espera de ser internados en centros de la Comunidad de Madrid. 

La madre enferma de alzheimer de Jorge Gómez era recogida por una ambulancia para ser llevada a una residencia pública. “No me la puedo llevar a casa. Tuvimos problemas porque agredía a nuestros hijos y tuvimos que internarla”, decía. Hasta el momento, es la única interna acogida por la Comunidad.

Los familiares se han quejado de la respuesta de la Comunidad de Madrid, que había prometido asistencia. Algunos dicen que esa ayuda se había limitado a recibir por correo electrónico un listado con centros alternativos.

La Comunidad asegura que la comunicación ha sido rápida y por teléfono. “Hemos llamado a todos, y a los que no tenían posibilidad de colocar a sus familiares se les ofrecerá una plaza de emergencia”, asegura una portavoz de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

La residencia fue denunciada en 2007 por la muerte de una interna

F. Javier Barroso

El hijo de una interna de la residencia Arzobispo Morcillo de Soto del Real (Madrid) ya denunció en 2007 los problemas que tenía el centro, a raíz de una neumonía que contrajo su madre y que le causó la muerte en cuestión de días por una septicemia generalizada, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Colmenar Viejo admitió a trámite la denuncia y posteriormente decretó el sobreseimiento provisional.

Emilio M-S. presentó la denuncia el 2 de noviembre tres días antes de que muriera su madre en el hospital de Cantoblanco, al que fue trasladado tras detectarle “neumonía, deshidratación y fallo renal”, según la denuncia. Los médicos del hospital La Paz confirmaron que la infección pulmonar había pasado a la sangre, lo que le causó una septicemia generalizada y mortal.

El familiar relata en su escrito que, cuando su hermana visitó a su madre, la encontró vestida con ropa de verano pese a ser el 13 de octubre y estar en un lugar que hacía frío. “Era proclive al enfriamiento y por ello resultaba muy peligroso, dados su edad y su estado de completa indefensión [sufría alzheimer en estado avanzado]. Ella no podía decir tengo frío o me siento enferma, pero el servicio de la residencia no se había percatado de la situación”, afirma la denuncia. Emilio constata que la mujer estaba “pasmada de frío” y que ese pudo ser el desencadenante de la neumonía.

La mujer permaneció dos días en estado crítico en la residencia, según el informe médico. “No nos consta que se indagara con medios y rigor las causas de un síntoma, sin precedentes, tan significativo, como la dificultad respiratoria con necesidad de oxígeno artificial”. De hecho, el familiar duda de que en solo dos días pudiera evolucionar “una neumonía incipiente” hasta el complejo cuadro diagnosticado el 19 en el hospital La Paz.

Una enfermera de la residencia Arzobispo Morcillo llamó a Emilio por teléfono ese día y le comunicó hacia la una de la tarde que su madre era trasladada al hospital La Paz, en la capital.

El hijo de la fallecida acudió a la residencia a pedir la historia clínica de la paciente y un hombre que se presentó como el dueño (supuestamente Braulio Peñas Briones) le dijo que en la semana del 14 al 20 de octubre de 2007 el médico del centro estuvo de vacaciones, justo cuando se desencadenaron los hechos. Y ello, pese a que la residencia estaba obligada a tener de forma permanente un facultativo en el centro, según recoge el escrito judicial.

El familiar pidió al juzgado de instrucción que investigara la posible negligencia y la supuesta “falta de atención médica necesaria y obligada”. “A la vista de lo ocurrido, esta asistencia tendría que haber sido prestada necesariamente y con anticipación suficiente para atajar o cuando menos paliar los daños dolosos y mortales resultantes”, mantuvo el denunciante.

El juzgado instruyó el caso y al cabo de los meses lo archivó ante la falta palpable de que se hubiera producido un delito doloso o imprudente. “Si se hubiera hecho una investigación a fondo y con detalle, quizás no habríamos terminado con esta situación tan grave”, afirman fuentes cercanas al denunciante. “Lo que hay que hacer ahora es cerrarle de una vez la residencia y echarles a la calle para que no se repitan más casos de este tipo”, añaden.

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